La ley de juegos de azar es muy estricta en Chile. Cuando un casino o hipódromo consigue autorización para trabajar legalmente, se ve obligado a realizar importantes inversiones en infraestructura, y los impuestos llegan al 40% de las ganancias. Algo similar pasa con las loterías, que deben volcar gran parte de sus dividendos a la comunidad.

El problema que ven los empresarios es que si bien ellos cumplen con la reglamentación vigente, en los comercios comunes de las diferentes ciudades pueden encontrarse gran cantidad de máquinas tragamonedas que no tienen ninguna regulación ni exigencia.

El problema radica en que estas máquinas no están consideradas estrictamente juegos de azar. Para que un comerciante ponga una máquina de este estilo, debe solicitar un permiso a la municipalidad para tener una máquina de juego electrónico. Estos permisos son muy fáciles de conseguir y no requieren de control alguno.

Los empresarios de casinos sostienen que estas máquinas deben estar reguladas por el mismo órgano de contralor que los supervisa a ellos, la Superintendencia de Casinos de Juego, y que deben evaluar la situación para ver qué máquinas son de azar, para retirarlas de la calle.

Se estima que en Chile existen más de 250 mil máquinas que funcionan o premian con monedas y que no están reguladas por la ley de juego.

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